La persecución como instrumento generador de miedo colectivo (I)

El levantamiento popular impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), como decisión política de alinearse con el pueblo, una vez que el gobierno de Lenin Moreno, promulga el decreto 833, mediante el cual se internacionaliza los precios de todos los combustibles y termina con el subsidio a la gasolina de 82 octanos y al diésel y que en la economía nacional incide de manera directa, al elevarse los precios del transporte urbano, intercantonal e interprovincial, los precios de la transportación de alimentos, insumos y de la producción en general.

Es necesario contextualizar este levantamiento popular, no solo como producto de la decisión gubernamental de elevación de los precios de las gasolinas, sino como respuesta a la política neoliberal del actual gobierno, expresada en despidos masivos a empleados públicos, incremento de la pobreza en más de 5 puntos, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener recursos para continuar con el pago de la deuda pública y que exige flexibilización laboral, reformas tributarias que benefician de manera directa al capital y la extracción de plusvalía, privatización de los sectores estratégicos del estado (telecomunicaciones, banca, petróleo, electricidad), disminución en los presupuestos de educación  y salud.

La implementación de esta política, auspiciada por los partidos de derecha del Ecuador (Partido Social Cristiano y CREO), los grupos económicos de la banca, la importación de bienes y medios de comunicación, es también resultado de las necesidades e intereses geopolíticos de los Estados Unidos y su bloque corporativo de poder económico.

En estas circunstancias el bloque de poder nacional e internacional, diseñó un conjunto de acciones propagandísticas, judiciales, de cooptación de dirigentes sociales, acuerdos políticos para obtener mayorías en la Asociación de Municipalidades, la Asamblea Nacional y otros organismos, así como la desinstitucionalización global de la justicia, la Contraloría General del Estado y el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El oficialismo inauguró su gestión culpando al régimen anterior de sobreendeudamiento, corrupción, sobreprecios, levantando una durísima campaña de desprestigio a todo lo que tenga olor a “correismo”, tanto en los medios de comunicación, como, en pronunciamientos de Contraloría y acciones judiciales; que se inició con Jorge Glas, se le separó del cargo, se le juzgó por asociación ilícita, más adelante se levantaron glosas millonarias contra exfuncionarios del régimen de Correa. Se enjuiciaron políticamente a quienes fueron electos miembros del CPCCS, hasta lograr la destitución de quienes no se alinearon al régimen, se intervino en el Tribunal Supremo Electoral para impedir la participación política electoral de la Revolución Ciudadana. 

En marzo del 2019, la Revolución Ciudadana, obtiene triunfos electorales importantes, el pueblo vuelve a confiar en el modelo de gobierno que propone la Revolución Ciudadana y en esa línea de pensamiento popular, triunfa Paola Pabón para la prefectura de la provincia de Pichincha y Leonardo Orlando para la prefectura de la provincia de Manabí, así como concejales en varios cantones y presidentes y miembros de Juntas Parroquiales a lo largo del país, el caso más emblemático, el cantón Quito.

Los sectores sociales del Ecuador, desde el inicio de este régimen que decidió enarbolar el programa de gobierno de quienes perdieron en las elecciones, le rechazaron de diferentes formas, unos en las calles, otros en declaraciones públicas, así es como la organización popular fue creciendo y siempre fue acompañada por la militancia de la Revolución Ciudadana y otros sectores políticos de izquierda de manera permanente.

La Asamblea Nacional Ciudadana (ANC), organización que surge como expresión de la unidad de varios sectores de la ciudadanía afectados por el neoliberalismo, por la defensa de la dignidad, los derechos y los intereses de la Patria, en el mes de enero del 2019, se constituye como alternativa de lucha y unidad y resuelve “Rechazar el paquetazo económico contra el pueblo y la ciudadanía (…) y luchar unitariamente por derogar el paquetazo y derrotar al neoliberalismo…”(1) y desde el mes de febrero hasta octubre de 2019, han venido desarrollando acciones en la ciudad y el campo para expresar su inconformidad con la política neoliberal implementada en el Ecuador por el bloque de poder.      

El movimiento indígena con su organización nacional CONAIE, mantenía diálogos con el gobierno de Moreno, hasta que, en septiembre de 2019, en un boletín denominado Jornada Progresiva de Lucha, manifiesta: “La declaratoria de ruptura con el gobierno se sustenta en lo siguiente: a) Los diálogos fueron infructuosos y básicamente crearon la ilusión de momento democrático; ocultando el progresivo montaje del proyecto de Estado desde los socialcristianos (neoliberal heterodoxo) y otras fracciones de la clase dominante (neoliberal ortodoxo) …”(2)

Los trabajadores organizados en sus respectivas centrales sindicales, han participado en la lucha social, desde el claro apoyo al gobierno, hasta posiciones de clase y combativas.

Entre del 2 al 13 de octubre de 2019, en el país se desarrolla un levantamiento social de carácter nacional, en rechazo a la política neoliberal del gobierno y particularmente por la derogatoria del decreto 883, que evidenció la posición del “gobierno del dialogo nacional” y la receta del Fondo Monetario Internacional para imponer su política de ajustes en el país, que tal como señala un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y su sétimo informe:  “… es lamentable evidenciar que, a pesar de que el Gobierno Nacional ha reiterado su voluntad de abrir el diálogo con los distintos sectores sociales y, en especial, con el movimiento indígena, la Institución Nacional de Derechos Humanos ha constatado que existe una represión en contra de los/as manifestantes sin precedentes históricos (…) Debo denunciar que se ha impedido abrir un corredor humanitario para trasladar a las decenas de heridos…” y añade “La Institución Nacional de Derechos Humanos, en el marco del paro nacional y el Estado de Excepción (…) con información detallada del monitoreo implementado a escala nacional sobre la situación de los derechos humanos de las personas afectadas,(…) durante estos 12 días de manifestaciones se registró un total de 1192 personas detenidas, ocho personas fallecidas y 1340 personas heridas. (3)(4)

Jovenes embozados se manifestaron por la libertad de los presos políticos de Chile y Ecuador sobre avenida Insurgentes (Foto: Cuartoscuro)

Terminado el paro nacional, se allanó el domicilio de la prefecta provincial de Pichincha, así como sus oficinas en el Gobierno Provincial, igual que de otros militantes de la Revolución Ciudadana; se dictan órdenes de prisión y se los encarcela.

Seis dirigentes políticos entre los que se encuentran Asambleístas han solicitado protección diplomática en la embajada de México.

Varios dirigentes de la CONAIE y el FUT, han sido denunciados por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de paralización de servicio público y se inician investigaciones a 63 ciudadanos.

El gobierno ha levantado una fuertísima campaña en redes sociales y medios de comunicación, señalando “los correístas pagaron bandas criminales de Quito para que salgan a asaltar a lesionar. Lastimosamente los indígenas estuvieron acompañando”, en esta misma línea, más adelante ha expresado “vinieron no menos de 200 o 300 criminales, específicamente enviados por Nicolás Maduro y Rafael Correa para hacer el golpe de Estado” (5)

En conclusión, el gobierno nacional presidido por Lenin Moreno y escoltado por un aparato militar y policial, por el gobierno de los Estados Unidos, los banqueros, importadores, cámaras de la producción, con el paraguas de los grandes medios de comunicación y los partidos de derecha, solo ha querido la paz, el dialogo nacional, el bienestar nacional. Los movimientos sociales y el correísmo son los violentos por lo que hay que señalarlos, perseguirlos, intimidarlos en definitiva terminar con esta corriente de protesta popular y poder arrodillarse con el FMI, entre los aplausos de sus iguales, y el silencio de los perseguidos, judicializados, encarcelados, hambrientos o mejor muertos.

Esta es la política del miedo, para imponer la receta del FMI

Autor: Pájaro

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